Si bien la Administración tiene facultad para establecer causales de rechazo o exclusión de ofertas en sus procesos de selección, que consulten la necesidad de establecer las exigencias mínimas que deben satisfacer los proponentes para ser idóneos para la ejecución del objeto contractual, lo cierto es que esas facultades no le permiten fijar requerimientos que constituyan hechos o situaciones propias del régimen de inhabilidades o incompatibilidades.
Aunque el Estado delegue la ejecución de obras públicas a través de contratos de concesión, mantiene la obligación de ejercer vigilancia y control sobre los contratistas. En este sentido, se manifiesta que la administración pública no se desprende de sus responsabilidades al conceder la ejecución de obras a terceros. La omisión del deber de vigilancia y control puede generar responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por sus contratistas.
El Consejo de Estado negó la demanda de nulidad parcial instaurada en contra de la Circular Externa Única expedida por Colombia Compra Eficiente, específicamente el apartado del numeral 12.2 sobre la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). Este apartado se establece que la firmeza del RUP es una condición necesaria para participar válidamente en los procedimientos de selección.
La interpretación restrictiva del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 implica que la prohibición de celebrar convenios interadministrativos durante los cuatro meses previos a las elecciones debe aplicarse únicamente a los casos expresamente previstos en la norma. Esto significa que no se pueden realizar extensiones o analogías para incluir otros supuestos, como los contratos interadministrativos, que no están mencionados explícitamente en el texto legal.
Aunque los convenios interadministrativos se fundamentan en la colaboración entre entidades públicas, la cláusula penal puede ser incluida siempre que no desvirtúe el carácter asociativo del acuerdo. Ahora bien, se menciona que la cláusula penal en los convenios interadministrativos, en todo caso, debe ser evaluada bajo los principios de proporcionalidad y equidad. En este sentido, en casos de incumplimiento parcial de la obligación, el monto de la sanción necesariamente debe ser reducido proporcionalmente, en el marco de lo dispuesto en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio.
La prohibición de contratación directa durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales aplica a "todos los entes del Estado", incluyendo entidades con régimen especial de contratación y patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales.
El acto de adjudicación en los contratos estatales es irrevocable y obligatorio, salvo en dos excepciones previstas por el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007: la sobrevenida de una inhabilidad o incompatibilidad entre la adjudicación y la suscripción del contrato, o la demostración de que el acto se obtuvo por medios ilegales.
La estabilidad reforzada debe garantizarse a una contratista por prestación de servicios que informa su estado de embarazo durante la ejecución de un contrato, incluso si este está asociado a un programa con actividades y plazo determinado.
La diferencia entre el precio pactado en un contrato estatal y el costo real de adquisición de bienes, obras o servicios no puede considerarse automáticamente como un sobrecosto. El ordenamiento jurídico colombiano no establece una definición legal de "sobrecosto" en la contratación estatal. Sin embargo, desde el punto de vista jurisprudencial, este concepto se refiere al pago excesivo realizado al contratista sin una justificación válida en comparación con los precios reales del mercado.
La Ley 80 de 1993 permite el reajuste de precios en contratos estatales para preservar el equilibrio económico, incluso en contratos a precio global. Este mecanismo busca mitigar el impacto de fenómenos previsibles como la inflación o variaciones en los precios de insumos.