No es admisible alegar interrupción de la caducidad de la acción contractual por el trámite que se surtió ante el tribunal de arbitramento, cuando no se pactó cláusula compromisoria.
Independientemente del régimen jurídico aplicable a un contrato, bien sea de derecho público o privado, para efectos de determinar la caducidad de la acción contractual, tal distinción finalmente resulta irrelevante, dado que, para ambos tipos de contratos, el término de caducidad es de dos (2) años.
Para demandar el incumplimiento de un contrato contractual, se requiere haber hecho parte del negocio jurídico que se cuestiona y, por lo tanto, no resulta suficiente ser socio de la persona jurídica contratante o contratista para efectos de ostentar legitimación para demandar, en razón a la individualidad e independencia que existe entre unos y otros, siendo dicha persona jurídica, titular de derechos y obligaciones independientes de los de los socios individualmente considerados.
El Gobierno Nacional reglamentó los rangos que aplican para establecer los criterios señalados por la ley para la clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
La competencia con la cual está investida una entidad pública para liquidar de forma unilateral o bilateral un contrato estatal, se pierde cuando ha expirado el término de caducidad para la presentación de la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractualeso cuando se ha notificado el auto admisorio de la demanda que persigue la liquidación del contrato. En caso de ejercer dicha competencia extemporáneamente, los actos bilaterales o unilaterales en los que se liquide el contrato, según el caso, estarían viciados de ilegalidad y serían susceptibles de ser declarados nulos por el juez del contrato.
Conozca el comunicado de prensa completo de la Corte Constitucional mediante el cual se informó la declaratoria de inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país”, por infracción al principio de unidad de materia y en el que se indica que se difieren los efectos de la inconstitucionalidad declarada hasta el vencimiento de las dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificación de esta sentencia. A continuación, se transcribe el comunicado:
El contrato de arrendamiento no puede ser utilizado para entregar bienes de uso público para su aprovechamiento, quedando abierta la posibilidad a que se utilicen otras fórmulas contractuales o unilaterales, como el contrato de concesión, o la expedición de licencias o permisos para ese efecto.
La equivalencia económica de las prestaciones contractuales constituye un principio medular que se encuentra inmerso en todas las relaciones negociales con independencia del régimen jurídico. Contrario sensu, el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato.
Si en la ejecución de un contrato, por el propio incumplimiento del Estado se da lugar a la concreción de un riesgo asegurado, la garantía respectiva no le puede ser exigible al asegurador, dado que la lesión patrimonial no se produjo en las condiciones previstas en la póliza, sino que fue provocada por la conducta y el arbitrio del asegurado afectado. Lo mismo acontece cuando no se le da aviso oportuno a la aseguradora de la variación del riesgo asegurado o la modificación de las condiciones pactadas inicialmente en el contrato.
La ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes.