Noticias

Sólo procede invocar el quebrantamiento de un principio que regula la contratación estatal o la función administrativa, como único elemento descriptor de una conducta disciplinaria, en dos circunstancias a saber:

Si bien en su momento se sostuvo que una vez vencidos los términos para liquidar bilateral o unilateralmente iniciaba el cómputo de los dos años de la caducidad de la acción contractual, al considerar que el acto de liquidación en modo alguno podría revivir los términos para computar la caducidad de la acción, en la actualidad el criterio preponderante apunta a tener como parámetro para el computo de los términos, la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral o la ejecutoria del acto de liquidación unilateral, según fuere el caso.

El simple transcurso del tiempo entre la fecha de presentación de las propuestas y la fecha en que efectivamente se ejecutan los trabajos contratados no lleva de manera automática a tener por acreditado que sobrevino un desequilibrio económico del contrato por cuenta del posible aumento de precios.

La prórroga de un contrato estatal, no comporta un derecho per se del contratista dado que la administración deberá definir su conveniencia, bajo criterios de proporcionalidad. De suerte que son las necesidades que se pretenden satisfacer, son las llamadas a definir la extensión del plazo en el que debe cumplirse con las obligaciones del contrato.