La prohibición de contratación directa durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales aplica a "todos los entes del Estado", incluyendo entidades con régimen especial de contratación y patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales.
El acto de adjudicación en los contratos estatales es irrevocable y obligatorio, salvo en dos excepciones previstas por el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007: la sobrevenida de una inhabilidad o incompatibilidad entre la adjudicación y la suscripción del contrato, o la demostración de que el acto se obtuvo por medios ilegales.
La estabilidad reforzada debe garantizarse a una contratista por prestación de servicios que informa su estado de embarazo durante la ejecución de un contrato, incluso si este está asociado a un programa con actividades y plazo determinado.
La diferencia entre el precio pactado en un contrato estatal y el costo real de adquisición de bienes, obras o servicios no puede considerarse automáticamente como un sobrecosto. El ordenamiento jurídico colombiano no establece una definición legal de "sobrecosto" en la contratación estatal. Sin embargo, desde el punto de vista jurisprudencial, este concepto se refiere al pago excesivo realizado al contratista sin una justificación válida en comparación con los precios reales del mercado.
La Ley 80 de 1993 permite el reajuste de precios en contratos estatales para preservar el equilibrio económico, incluso en contratos a precio global. Este mecanismo busca mitigar el impacto de fenómenos previsibles como la inflación o variaciones en los precios de insumos.
La cesión de derechos de crédito, transfiere el derecho personal del cedente al cesionario, quien se convierte en el nuevo acreedor legitimado para exigir el cumplimiento de la obligación. En caso de que el deudor hubiese sido notificado de la cesión antes de realizar el pago, este no puede ser considerado válido si se efectúa al cedente, incluso si se alega buena fe.
La mayor permanencia en obra derivada de la extensión de plazos en contratos de obra pública, no puede ser atribuida al contratista si se demuestra que su causa es la inejecución de obligaciones contractuales por parte de la entidad estatal. En este sentido, se indica que, en los contratos de obra pública, la responsabilidad de la entidad contratante incluye asegurar las condiciones indispensables para la ejecución de los trabajos, como la gestión predial y la entrega de los bienes inmuebles requeridos.
Las entidades estatales tienen la facultad de pactar en los contratos de prestación de servicios, el reconocimiento de gastos de transporte, alojamiento y manutención, siempre que estas cláusulas estén expresamente contempladas en el contrato.
En materia de Contratación Pública, el plazo de prescripción para declarar el incumplimiento de un contrato, comienza desde el momento en que la Entidad conoce o debió conocer el hecho que da origen a la acción, y su vencimiento extingue la obligación de pago por parte de la aseguradora, sin que la anterior postura cambie incluso así se argumente que la cobertura del amparo se encuentra vigente.
Es procedente que las entidades del Estado declaren mediante acto administrativo que el contratista ha incumplido el contrato y, en este evento, surgirá el derecho de hacer efectiva la póliza de cumplimiento, aun cuando no se encontraran pactadas multas o la imposición de la cláusula penal.