PAGO ANTICIPADO Y ANTICIPO

Fraccionamiento del contrato. Prohibición.

Las entidades estatales se encuentran facultadas para pactar el pago anticipado o la entrega de anticipos como mecanismos de financiación para la adecuada ejecución de los contratos estatales. En este sentido se resalta que la normatividad vigente no restringe el tipo de contratos estatales en los cuales es aplicable esa facultad, es decir, por ejemplo, no limita la posibilidad de pactar anticipo o pago anticipado en contratos de tracto sucesivo o en contratos de ejecución instantánea, o dependiendo de la tipología contractual o la modalidad de selección del contratista.

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GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Subsanabilidad de la propuesta.

Si bien la no entrega de la póliza de seriedad junto con la propuesta no es subsanable y será causal de rechazo, debe indicarse que los errores en el contenido de la póliza no afectan la comparación de las propuestas y, por lo tanto, la entidad les debe otorgar la facultad a los proponentes de subsanar cualquier error en el contenido de la póliza,y estos últimos deben subsanarlos hasta el traslado del informe de evaluación, so pena de rechazar la oferta.

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FONDOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Convenios. Alcance.

Solo podrán ejecutar programas, proyectos o iniciativas en los que estén involucrados recursos del presupuesto general de la nación, aquellos socios de cooperación internacional que aporte una contrapartida de no menos del 30% de dicho programa, proyecto o iniciativa, que deberá efectuarse únicamente en sumas líquidas de dinero. Esto sin perjuicio de la posibilidad de hacer aportes en especie en los términos del parágrafo tercero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, los cuales no deben contabilizarse dentro del umbral señalado en el artículo 2.2.8.3.4 del Decreto 603 de 2022.

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CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Definición. Criterio orgánico. Contraprestación. Cooperación.

Las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se aplican tanto para los contratos como para los convenios, sin que lo anterior implique asumir que los contratos y los convenios sean figuras idénticas, sino simplemente que sus diferencias, en determinados casos, no resultan relevantes o determinantes para efectos de definir la aplicación de cierta normativa. Así mismo, se señala que en los convenios se involucra la ejecución de actividades en función de un interés común para las partes; que si bien puede pactarse una remuneración, en esencia se pretende el cumplimiento de fines coincidentes entre quienes lo ejecutan.

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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Concepto de unificación.

El Plan Anual de Adquisiciones es un acto administrativo general de carácter definitivo, que contiene información estimativa de la contratación a realizar, sin embargo, su expedición o publicación no es propiamente un requisito o una condición indispensable que deba cumplirse para el inicio de la gestión contractual, o para la celebración del primer proceso de contratación del año. La expedición de dicho documento tampoco puede ser equiparada a un requisito requerido para la celebración, perfeccionamiento o ejecución de los contratos estatales. 

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ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

Por situación de embarazo o por razones de salud.

Las entidades del estado deben dilucidar la forma más adecuada para garantizar el fuero de maternidad de las mujeres vinculadas mediante un contrato de prestación de servicios y que se encuentren en estado de embarazo y/o en periodo de lactancia, pues lo que se pretende es impedir la discriminación materializada por la terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión del embarazo o la lactancia, para lo cual, se menciona que para la protección judicial del derecho a la estabilidad laboral reforzada, la misma es procedente en dos situaciones a saber:

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PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL

Contrato de interventoría. No es procedente pactar potestades excepcionales.

En los contratos de interventoría se encuentra prohibido incluir y, por ende, aplicar cláusulas o estipulaciones excepcionales, debido a la existencia de un régimen legal expreso de nulidades absolutas en materia de contratación estatal (artículos 44 a 49 de la Ley 80 de 1993). De ahí que al disponerse su incorporación se estaría desconociendo no solo la voluntad de los contratantes, sino la propia competencia otorgada por el legislador en cuanto al ejercicio de la respectiva tipología contractual.

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