La posibilidad de reclamar perjuicios materiales en adición a la cláusula penal en contratos estatales está supeditada a la existencia de una estipulación expresa que lo permita y al cumplimiento de la carga probatoria sobre el daño y su cuantía.
La interpretación de la expresión “dedicación exclusiva” prevista para acceder al puntaje adicional del 2% en procesos de contratación pública no está asociada a la duración de la jornada laboral, sino a la existencia de un vínculo laboral exclusivo entre la persona con discapacidad y el proponente. Bajo esa lectura, los contratos de medio tiempo o jornada parcial pueden ser válidos para obtener el incentivo, siempre que el trabajador no mantenga simultáneamente otro vínculo laboral respecto de las actividades objeto de la contratación.
La verificación de la sostenibilidad económica de las ofertas en procesos de contratación pública exige que el valor ofertado permita cubrir razonablemente las obligaciones laborales mínimas derivadas del ordenamiento jurídico, tales como salario mínimo legal vigente, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, recargos y demás cargas laborales aplicables. Las normas laborales tienen carácter de orden público y constituyen costos inherentes a la adecuada ejecución del contrato.
Es ineficaz de pleno derecho la causal de rechazo prevista en los pliegos de condiciones según la cual, cuando la entidad evidencie o verifique que la información suministrada por el oferente no se ajusta a la realidad, esta será considerada no veraz y dará lugar al rechazo de la oferta, si la inconsistencia recae sobre requisitos habilitantes que no inciden en la asignación de puntaje ni en la comparación de las propuestas.
La obligación del supervisor en la verificación del cumplimiento de las condiciones de ejecución contractual asociadas al personal ofertado y comprometido por el contratista se extiende a la exigencia de soportes objetivos, verificables y trazables que permitan constatar materialmente la dedicación comprometida.
La modificación de las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del pliego de condiciones a través de adendas es viable únicamente dentro de los límites materiales y temporales previstos en el ordenamiento jurídico, siendo inadmisible la alteración de aspectos sustanciales como el objeto del contrato, el mecanismo de selección, el presupuesto y los factores de calificación.
Colombia Compra Eficiente expidió la Circular Externa 003 de 2026 mediante la cual se explica la aplicación del Decreto 287 de 2026, que establece un Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad en la contratación pública. En la circular se precisan los beneficiarios de estas medidas, las condiciones para acceder a ellas, las obligaciones de las entidades estatales en las distintas etapas del proceso contractual y los mecanismos de seguimiento e implementación que deberán incorporarse en instrumentos como los documentos tipo, los acuerdos marco de precios y la plataforma SECOP.
Conozca la Circular Externa 002 de 2026 de Colombia Compra Eficiente mediante la cual se recuerda y desarrolla las obligaciones que tienen las entidades del Estado y servidores públicos de reportar información relacionada con declaratorias de caducidad, multas, sanciones, incumplimientos, inhabilidades y sentencias condenatorias impuestas a contratistas del Estado.
La verificación de la experiencia de los proveedores en procesos de contratación estatal debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato, considerando el valor, la complejidad y el riesgo. La experiencia se acredita mediante la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), en el tercer nivel, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa
La inclusión de una persona natural o jurídica en el Boletín de Responsables Fiscales, como consecuencia de un fallo en firme y ejecutoriado que implique responsabilidad fiscal, genera una inhabilidad legal para contratar con el Estado. Esta inhabilidad permanece vigente mientras subsista el reporte y no se haya acreditado el pago de la obligación o la exclusión del boletín; esto conforme a los términos y condiciones previstos en la Ley 610 de 2000 y la Ley 1952 de 2019.