La imposibilidad absoluta de cumplimiento, y no la mera dificultad, constituye el requisito esencial para que opere la fuerza mayor. En este sentido, se resalta que el evento alegado como eximente de responsabilidad como lo es la fuerza mayor, debe ser imprevisible, irresistible y externo al contratista de modo que cualquier persona en la posición del obligado se vería inevitablemente sometida a sus efectos.
La inhabilidad sobreviniente en la contratación pública produce efectos distintos para oferentes, adjudicatarios y contratistas, conforme a la etapa del proceso y la naturaleza de la relación contractual. En efecto, cuando la inhabilidad aparece en un oferente durante el proceso de selección, se entiende que renuncia a la participación y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad surge en el adjudicatario entre la adjudicación y la suscripción del contrato, la adjudicación finalmente debe ser revocada. En el caso del contratista, si la inhabilidad se presenta durante la ejecución del contrato, este debe ceder el contrato a un tercero con autorización escrita de la entidad contratante. Si la cesión no es posible, corresponde la renuncia a la ejecución del contrato.
El rechazo de una oferta que evidencie colusión debe estar sustentado en causales previamente establecidas en la ley o en los pliegos de condiciones, garantizando objetividad, razonabilidad y proporcionalidad. En este sentido, la entidad debe: identificar la causal de rechazo, evaluar la evidencia de colusión, garantizar el derecho de contradicción, motivar el acto administrativo y trasladar denuncias a la autoridad competente. Ahora bien, dado que los acuerdos colusorios usualmente no dependen de pruebas directas sobre la comisión de la conducta, estas deben identificarse a través de indicios.
La apertura de los procesos de selección de contratistas exige, como regla general, la existencia de un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) que respalde el proceso y el futuro contrato. Cuando el proceso de selección se financia con vigencias futuras ordinarias o excepcionales, además del CDP, es necesario contar con la autorización de dichas vigencias. Ahora bien, frente a lo anterior es necesario determinar el momento en que un proceso de selección se considera “en trámite”.
La posibilidad de reclamar perjuicios materiales en adición a la cláusula penal en contratos estatales está supeditada a la existencia de una estipulación expresa que lo permita y al cumplimiento de la carga probatoria sobre el daño y su cuantía.
La interpretación de la expresión “dedicación exclusiva” prevista para acceder al puntaje adicional del 2% en procesos de contratación pública no está asociada a la duración de la jornada laboral, sino a la existencia de un vínculo laboral exclusivo entre la persona con discapacidad y el proponente. Bajo esa lectura, los contratos de medio tiempo o jornada parcial pueden ser válidos para obtener el incentivo, siempre que el trabajador no mantenga simultáneamente otro vínculo laboral respecto de las actividades objeto de la contratación.
La verificación de la sostenibilidad económica de las ofertas en procesos de contratación pública exige que el valor ofertado permita cubrir razonablemente las obligaciones laborales mínimas derivadas del ordenamiento jurídico, tales como salario mínimo legal vigente, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, recargos y demás cargas laborales aplicables. Las normas laborales tienen carácter de orden público y constituyen costos inherentes a la adecuada ejecución del contrato.
Es ineficaz de pleno derecho la causal de rechazo prevista en los pliegos de condiciones según la cual, cuando la entidad evidencie o verifique que la información suministrada por el oferente no se ajusta a la realidad, esta será considerada no veraz y dará lugar al rechazo de la oferta, si la inconsistencia recae sobre requisitos habilitantes que no inciden en la asignación de puntaje ni en la comparación de las propuestas.
La obligación del supervisor en la verificación del cumplimiento de las condiciones de ejecución contractual asociadas al personal ofertado y comprometido por el contratista se extiende a la exigencia de soportes objetivos, verificables y trazables que permitan constatar materialmente la dedicación comprometida.
La modificación de las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del pliego de condiciones a través de adendas es viable únicamente dentro de los límites materiales y temporales previstos en el ordenamiento jurídico, siendo inadmisible la alteración de aspectos sustanciales como el objeto del contrato, el mecanismo de selección, el presupuesto y los factores de calificación.