El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado.
Teniendo en cuenta que a la fecha existe un número importante de registros de contratos que pese a estar terminados, no han sido cerrados en la plataforma electrónica, los sujetos obligados a transar en el SECOP II, deberán cumplir las siguientes obligaciones antes del 31 de julio de 2023:
Si la trazabilidad de la plataforma refleja que el “usuario” presentó oferta en el proceso de selección no se requerirá que el proponente aporte la propuesta económica con firma manuscrita o digital, teniendo en cuenta el carácter transaccional del SECOP II.
Conozca los artículos más relevantes del Plan Nacional de Desarrollo que tienen algún impacto en materia de Contratación Pública. En particular se resaltan los siguientes temas a saber:
Las entidades estatales deberán, además de fijar los componentes adicionales que le permitan deducir la fidelidad de la información recibida en las propuestas, dejar constancia expresa de la causal de rechazo de ellas en caso de encontrarse contenido inexacto, imposible de verificar, espurio o comprobadamente falso, lo cual no deja duda de la potestad de la entidad contratante de poder hacer las indagaciones a que haya lugar directamente con el proponente o con fuentes externas sobre su veracidad, y si las mismas, conforme a las reglas establecidas en el pliego de condiciones darían lugar a rechazo o no.
El término de prescripción que se deriva del contrato de seguro se contabiliza desde que la administración tiene conocimiento del hecho o desde el momento en el que razonablemente debió tenerlo, para lo cual debe resaltarse que el conocimiento del siniestro o del daño por parte de la entidad demandada no es un conocimiento que deba tener algún tipo de cualificación, ni condicionamiento especial.
Las entidades del estado deben dilucidar la forma más adecuada para garantizar el fuero de maternidad de las mujeres vinculadas mediante un contrato de prestación de servicios y que se encuentren en estado de embarazo y/o en periodo de lactancia, pues lo que se pretende es impedir la discriminación materializada por la terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión del embarazo o la lactancia, para lo cual, se menciona que para la protección judicial del derecho a la estabilidad laboral reforzada, la misma es procedente en dos situaciones a saber:
Para que prospere la solicitud de restablecimiento de la ecuación financiera del contrato debe demostrarse demostrar el rompimiento de la equivalencia contractual a causa de un hecho imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes y que se produjo con posterioridad a la celebración del contrato, así como probar los sobrecostos extraordinarios derivados del mismo, acreditando en todo caso, los siguientes cuatro (4) presupuestos concurrentes a saber:
En principio no se requiere acreditar las consecuencias en el patrimonio por el incumplimiento del contratista, en la medida que la cláusula penal pecuniaria se pacta como una estimación anticipada de perjuicios, lo cual exime al interesado de probar el daño, a pesar de argumentarse que no debió hacerse efectiva la garantía si no existe una afectación patrimonial dado que la póliza de cumplimiento no puede ser fuente de enriquecimiento.
Las entidades del Estado por regla general disponen de un término de dos (2) años para declarar el siniestro y la consiguiente efectividad de la garantía, contados a partir de cuando tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro, o de la fecha en que razonablemente podía tenerlo, como lo es, por ejemplo, el plazo dentro del cual debía cumplirse la respectiva obligación.