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EXPERIENCIA. REQUISITO HABILITANTE

Criterios para que la acreditación de una experiencia no sea considerada auto certificación. Experiencia de los consorcios o uniones temporales.

La experiencia constituye uno de los requisitos habilitantes que acreditan la idoneidad del proponente para participar en un proceso de contratación estatal. Dicha experiencia se acredita, por regla general, mediante el Registro Único de Proponentes RUP, el cual constituye plena prueba de las circunstancias que en él se consignen y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. Ahora bien, para que una certificación de experiencia sea considerada, e incluso no sea considerada como auto certificación, debe cumplir con los siguientes criterios a saber:

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RECHAZO DE LA OFERTA

Inhabilidades del revisor fiscal no se extienden a la evaluación financiera ni al oferente.

Las inhabilidades e incompatibilidades propias de quienes aspiren a participar en procesos de selección o celebrar contratos son diferentes a las restricciones propias para desempeñar una labor u oficio. En este sentido, se señala que si bien las entidades públicas tienen la facultad para disponer causales de exclusión de ofertas en sus procesos de selección, que consulten la necesidad de unas exigencias mínimas que deben satisfacer los proponentes para la ejecución del objeto contractual, lo cierto es que esas facultades no le permiten fijar requerimientos que al ser analizados a fondo puedan constituirse hechos o situaciones propias del régimen de inhabilidades o incompatibilidades, los cuales son de estricta reserva legal.

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DECLARATORIA DE DESIERTA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN

Contratación directa. Aplicación restrictiva de las causales de contratación directa.

Cuando un proceso de selección de mínima cuantía es declarado desierto, las entidades públicas enfrentan el desafío de garantizar la continuidad de los bienes y/o servicios que pretende satisfacer, especialmente si la necesidad es urgente. En este contexto, la normativa no permite que la declaratoria de desierta sea utilizada como causal para proceder con la contratación directa, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

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LA SUSPENSIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA

No conlleva a suponer la ejecución de labores de interventoría.

Las labores de supervisión e interventoría tienen como objetivo el seguimiento, verificación y promoción de la correcta ejecución de otro contrato, lo que implica un nexo entre ambos negocios jurídicos. Sin embargo, esta relación no elimina la autonomía de cada contrato, ya que responden a causas y objetos diferentes. En este sentido, la ejecución de las obligaciones de interventoría durante los periodos de suspensión del contrato de obra no se presume, incluso si el contrato de obra se recibe a satisfacción. Por lo anterior, la prueba directa y suficiente de las actividades realizadas es indispensable para justificar el reconocimiento de costos asociados a la interventoría en los periodos de suspensión.

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LA TRANSACCIÓN COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La ausencia de contraprestación monetaria no afecta la validez de la transacción.

La transacción, definida como un contrato mediante el cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o previenen uno eventual, produce efectos de cosa juzgada. Ahora bien, este mecanismo no requiere la estipulación de una contraprestación monetaria para su validez, ya que su elemento distintivo radica en la existencia de un litigio presente o futuro, la extinción del mismo y las concesiones mutuas entre las partes.

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LIQUIDACIÓN JUDICIAL COMO GARANTÍA DE CIERRE INTEGRAL

El acta de recibo es un medio de verificación y no prueba absoluta de cumplimiento del contrato.

El acta de recibo definitivo en los contratos estatales se considera un elemento accidental que certifica la ejecución del objeto contractual, pero no constituye una prueba irrefutable del cumplimiento integral de las obligaciones pactadas. En este sentido, su alcance jurídico depende de lo estipulado entre las partes en el contrato, conforme al principio de autonomía de la voluntad establecido en el artículo 1494 del Código Civil.

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PROPONENTES PLURALES

Causales de rechazo.

Si bien la Administración tiene facultad para establecer causales de rechazo o exclusión de ofertas en sus procesos de selección, que consulten la necesidad de establecer las exigencias mínimas que deben satisfacer los proponentes para ser idóneos para la ejecución del objeto contractual, lo cierto es que esas facultades no le permiten fijar requerimientos que constituyan hechos o situaciones propias del régimen de inhabilidades o incompatibilidades.

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LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDADES CONCESIONADAS

Deber de vigilancia sobre contratistas. Responsabilidad solidaria del interventor.

Aunque el Estado delegue la ejecución de obras públicas a través de contratos de concesión, mantiene la obligación de ejercer vigilancia y control sobre los contratistas. En este sentido, se manifiesta que la administración pública no se desprende de sus responsabilidades al conceder la ejecución de obras a terceros. La omisión del deber de vigilancia y control puede generar responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por sus contratistas.

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Pliego de condiciones. Aclaraciones y subsanación de las propuestas. Rechazo de una oferta.
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Rechazo de las ofertas por manipulación de información errónea, inexacta o falaz. Buena fe precontractual.
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